Santiago. El número de muertes evitables de pacientes en Chile ha aumentado. En 2022, 44.000 personas murieron mientras esperaban una cirugía o un tratamiento especializado.

Durante la pandemia de febrero de 2020 a agosto de 2023, el problema de los pacientes no tratados que esperan en el país ha empeorado aún más. Se han pospuesto miles de operaciones que no ponían en peligro la vida y el tiempo de espera para ver a un especialista ha aumentado en meses. Los pacientes no tratados llenan listas de espera que se procesan lentamente.

Ya están disponibles las cifras de pacientes fallecidos en estas listas para 2022. Murieron 5.400 personas que tenían derecho al “plan GES”, una garantía sanitaria explícita. Entre ellas se incluyen 87 patologías que requieren tratamiento prioritario por su urgencia. Estos incluyen enfermedades cardiovasculares, varios tipos de cáncer, enfermedades renales y hepáticas, epilepsia y daños cerebrales y oculares graves. Una vez que los pacientes se inscriben en este plan, tienen derecho a un trato preferencial, incluida la cobertura total de los medicamentos y los costos de atención médica.

La gran mayoría de los fallecidos, más de 38.000, son pacientes que no tienen derecho a un trato preferencial. Muchos médicos enfatizan que el estrés físico y psicológico causado por una larga espera puede acortar la vida y que la enfermedad reportada no es necesariamente la causa de la muerte.

La magnitud del problema sólo queda clara en números absolutos. Más de 331.000 pacientes esperan una operación y 2,4 millones esperan una cita con un especialista. Esto corresponde a un aumento del diez por ciento en comparación con el año anterior.

Ciertamente hay avances. En el primer año en el cargo del presidente Gabriel Boric, los tiempos de espera para procedimientos quirúrgicos cayeron un 32 por ciento y para atención especializada un 22 por ciento. Al final del actual período legislativo, se reducirán a casi la mitad o al 40 por ciento.

El presupuesto de 2024 también incluye fondos para la construcción de seis hospitales adicionales, 21 de los cuales ya están en construcción. También se incluirán trece comunidades en el programa ampliado de atención primaria.

Debido a la crisis en el Instituto para la Prevención de la Salud (Isapre), el seguro obligatorio de salud de Fonasa está gozando de gran popularidad, lo que se ve reforzado por campañas publicitarias. Esto aporta más dinero a las arcas a través de las aportaciones, pero al mismo tiempo requiere un aumento de las prestaciones.

Todo el dilema comenzó en el período de dictadura militar posterior al golpe de 1973, cuando se abrió la puerta al sistema privado de salud y al mismo tiempo se dejó que el sistema público decayera. Por ejemplo, se detuvo la construcción de un hospital público de 1.200 camas en la comunidad trabajadora de Pedro Aguirre Cerda.

Otro problema que sólo puede resolverse lentamente es la escasez de trabajadores cualificados, siendo el período mínimo de formación de unos siete años. El plan tentativo es tratar a los pacientes también los sábados, lo que requiere incentivos financieros adicionales para el personal.