El Congreso chileno ha anunciado un acuerdo para iniciar un nuevo proyecto de constitución, tres meses después de que los ciudadanos rechazaran una primera propuesta de enmienda.

Las dos cámaras del Parlamento llegaron a este acuerdo en la convicción “de que es importante habilitar un proceso constituyente y tener una nueva constitución para Chile”, reza el texto, leído en la noche de este lunes por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y quien fue presentado por la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic.

El acuerdo prevé la creación de un “Consejo Constitucional de 50 personas cuyo único propósito será discutir y aprobar un proyecto de texto para una nueva constitución”.

Inicio de obra: 21 de mayo

Estos 50 miembros serán elegidos en abril de 2023 en una votación obligatoria. El cabildo será equilibrado y los pueblos indígenas ya no tendrán cuota de escaños garantizados, al contrario de lo que sucedió en el anterior intento de reforma.

A la espera del nombramiento de este consejo, el Parlamento nombrará un comité de 24 expertos para preparar un anteproyecto a partir de enero. Estos 24 expertos se unirán luego al Consejo Constitucional para presentar un informe en el que puedan formular sugerencias para mejorar el proyecto de constitución.

El Consejo Constitucional iniciará sus trabajos el 21 de mayo y presentará su proyecto de constitución el 21 de octubre. Luego se organizará un referéndum el 26 de noviembre.

Barrer el legado de Pinochet

Además, una comisión de 14 abogados elegidos por el Senado examinará si las nuevas normas son legalmente permisibles. El proyecto tiene que incluir 12 puntos que deberían formar las “bases constitucionales”, a diferencia del proyecto anterior, que partía de cero.

Estos puntos incluyen el reconocimiento de Chile como una “república democrática cuya soberanía reside en el pueblo”, el reconocimiento de los “pueblos indígenas” y el reconocimiento de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y bicameral.

El 4 de septiembre los chilenos rechazaron por un 62% una propuesta de nueva constitución destinada a reemplazar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). A pesar de sucesivas revisiones, este texto es visto como un freno a cualquier reforma social sustantiva en Chile, que fue escenario de un violento levantamiento popular en 2019.

Tras el rechazo de los votantes, los principales partidos políticos del país iniciaron negociaciones para reiniciar el proceso constituyente.