Dura reacción. En septiembre de 2022, Chile estaba a punto de poner fin a uno de los graves restos de la era Pinochet con la adopción de una nueva constitución presentada como “la más progresista del mundo”. Una carta fundamental feminista e igualitaria, escrita por 154 miembros, en su mayoría de movimientos sociales y partidos políticos de izquierda, que da alta prioridad al Estado social y democrático, el “plurinacionalismo” y la ecología.
Un texto que respondía en gran medida a las aspiraciones expresadas por los chilenos durante las impresionantes manifestaciones populares de finales de 2019, con demandas muy concretas en un país exhausto tras varias décadas de ultraliberalismo: derecho universal a la salud, acceso gratuito a la educación, fin de la privatización del agua…
Un año después, tras el rechazo masivo en referéndum (62%) de este proyecto, que sin embargo había despertado tantas esperanzas, los chilenos pronto tendrán que decidir sobre un nuevo texto, basado inicialmente en un anteproyecto elaborado por una comisión. de expertos designados por el Congreso y ahora determinados por un Consejo Constitucional dominado por el Partido Republicano. Es decir, de extrema derecha.
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