El calendario se acelera y las relaciones dentro de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) son tensas. Con sede en Kingston, Jamaica, esta organización ejerce un poder extraordinario sobre nada menos que la salud del planeta. De hecho, está facultado para actuar en nombre de todos en el océano global más allá de las aguas nacionales, un espacio gigantesco declarado por las Naciones Unidas (ONU). “Patrimonio Común de la Humanidad”.
La prominencia relativamente reciente de AIFM se debe en gran parte a las campañas de advertencia lanzadas contra ellos por ONG ambientales, incluida la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y cientos de científicos profundamente preocupados por los ecosistemas. Los marineros que conocemos tienen muy poco al respecto.
Fundado en 1994, el AIFM es una de las tres instituciones creadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada minuciosamente en 1982. Como tal, tiene 168 miembros, incluida la Unión Europea. La tarea inicialmente asignada a él es organizar y controlar la exploración y explotación de los recursos minerales marinos. Depende de ella asegurarse de que los países desarrollados no sean los únicos en beneficiarse de la “zona” (más de la mitad del océano que se extiende a más de 200 millas náuticas desde la costa), en cuyo fondo hay nódulos dispersos y polimetálicos Los sulfuros residen en costras ricas en cobalto.
pruebas a gran escala
El medio ambiente no era la principal preocupación de una organización concebida en la década de 1990, que debía financiarse a largo plazo con los ingresos de la explotación de los fondos marinos profundos. La agencia no está equipada para imponer sanciones o realizar inspecciones a miles de metros bajo la superficie en alta mar. Hasta ahora, su secretaría de cincuenta miembros vive de las contribuciones de los estados miembros y solo ha emitido permisos de exploración por un período renovable de quince años: tiene contratistas, Concedido a Contratistas y Estados Asociados Treinta y Uno. Suficiente para explorar 1,5 millones de kilómetros cuadrados.
Pero la situación cambió con las campañas realizadas por la canadiense The Metals Company en el otoño de 2022 en busca de nódulos en la Zona Clarion-Clipperton en el Pacífico. Este episodio sin precedentes demostró que la Asamblea General no necesitaba ser consultada formalmente para autorizar este tipo de pruebas a gran escala.
Sin embargo, desde 2011, el AIFM ha estado preparando un código minero que ha dado lugar a muchas negociaciones legales y diplomáticas entre estados, hasta el punto de la coma. Debe tener en cuenta aspectos tecnológicos, financieros y medioambientales. Mientras no se haya completado esta contabilidad, la financiación no puede comenzar. Sin embargo, algunos estados y empresas están presionando para que se adopte a partir de julio de 2023. La próxima sesión de trabajo está prevista para marzo. Por su parte, The Metal Company anuncia su intención de solicitar una licencia de funcionamiento a finales de este año y afirma que pretende iniciar operaciones con o sin código minero a partir de 2024.
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