por Alberto Galvi –

La Corte Constitucional de Perú aprobó la liberación del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años desde 2009 en los casos Barrios Altos y La Cantuta, ratificada en 2015. En ambas acciones participó el Grupo Colina, una rama de los organismos de inteligencia del ejército encargada de ejecuciones extrajudiciales, combatiendo a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y al MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru). El fiscal general adjunto, Juan Millones, dijo que el gobierno recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IACR) para cambiar el fallo de la Corte Constitucional.
La decisión de los jueces restableció el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori por el entonces presidente Pablo Kuczynski en la Nochebuena de 2017, pero que el tribunal declaró antijurídico. El veredicto de los jueces Augusto Ferrero, José Sardón y Ernesto Blume permitirá a Fujimori adelantar una década el fin de su condena, previsto para el 10 de febrero de 2032. Otros tres jueces votaron en contra, pero según la ley, el presidente del tribunal fue juzgado doble y pesó la balanza a favor de Fujimori.
La orden de liberación de Fujimori provocó protestas en las principales ciudades de Perú, incluida una marcha de cientos de personas por las calles de Lima. Un grupo de simpatizantes del expresidente se reunió frente al penal donde se encuentra recluido, portando retratos y banderas peruanas, esperando ver la salida de Fujimori, aunque las autoridades no han dado indicios de que su liberación sea inminente. El abogado de Fujimori, César Nakazaki, dijo que al exlíder no se le permitió salir de prisión durante unos días hasta que se completaron algunos casos judiciales.
El primer ministro Aníbal Torres dijo que la sentencia dañaría la imagen del país pero que se cumpliría. Normalmente el Tribunal Constitucional transmite sus decisiones, pero no en este caso. Tampoco hubo justificación para el veredicto. Torres comentó luego a la emisora ​​Exitosa que con el fallo, el tribunal se convirtió en un defensor de la impunidad de los criminales más temidos.
Fujimori es el único recluso del pequeño penal de Barbadillo, en el este de Lima, lo cual es inaceptable en un país con altos niveles de hacinamiento carcelario. Alberto Fujimori gobernó el país sudamericano de 1990 a 2000, disolviendo el Congreso y el poder judicial en 1992, lo que provocó el descontento general. Este movimiento le permitió consolidar un régimen autoritario a través del cual violó repetidamente los derechos humanos.
El expresidente vive en Japón desde 2000, donde también se postuló sin éxito para el Senado local; Tras huir de Perú, se vio abrumado por los escándalos de corrupción que llevaron a la caída de su gobierno y fue extraditado en 2007 desde Chile, país al que había llegado procedente del país oriental. El poder judicial chileno había concedido la solicitud del poder judicial peruano de 2015 para procesar a Fujimori por otros dos delitos en Perú. Estos delitos cometidos por Grupo Colina están relacionados con el asesinato de seis personas en 1992 en el distrito de Pativilca, Barranca.
Alberto Fujimori es una figura política contradictoria. Algunos peruanos lo alaban por derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA, mientras que otros lo odian por los abusos a los derechos humanos cometidos bajo su gobierno en operaciones contra grupos terroristas. Fujimori también contó con el apoyo de empresarios, clases dominantes y organismos financieros internacionales al aplicar al Perú un modelo económico neoliberal que los enriqueció aún más.