DDesde hace algunos años, la izquierda ha vuelto al poder en América Latina: es el caso de México, Argentina, Colombia, Chile y, no poca victoria, Brasil. Ante el impacto combinado de la crisis global y la pandemia, estos gobiernos también se enfrentan a una nueva derecha desinhibida, en clara ruptura con las salvaguardas de la democracia, aunque un sector de las sociedades latinoamericanas expresa nuevas aspiraciones.

El domingo 7 de mayo, los votantes chilenos votaron para designar, en un plazo muy ajustado, a los miembros del Consejo Constitucional encargados de redactar una nueva constitución que deberá ser sometida a referéndum el 17 de diciembre. Tras el rechazo mayoritario de la propuesta de texto redactada por la convención constituyente entre 2021 y 2022, el presidente Gabriel Boric y los partidos representados en el Parlamento habían acordado retomar un proceso constitucional, más seguido que el de la convención, y dar la reforma otra oportunidad.

Una comisión de expertos formada por los partidos representados en el Senado y la Cámara de Diputados prepara desde marzo un texto que será discutido en el recién elegido Consejo Constitucional. Doce principios fundamentales enmarcan la elaboración. Definen las características del régimen político y establecen principios de respeto a los derechos humanos, la identidad de los pueblos indígenas y la naturaleza.

Divisiones demasiado fuertes

Solo un partido no ha firmado este acuerdo: el Partido Republicano (PR, extrema derecha), que surgió de una escisión en la derecha conservadora en 2019. Bajo el liderazgo de José Antonio Kast, el candidato que fue derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021, el PR considera inútil una renovación de la constitución. Presentó la votación del 7 de mayo como una oportunidad para sancionar al gobierno de Gabriel Boric, mientras la derecha clásica hacía campaña principalmente sobre el supuesto aumento de la inseguridad.

Pero este domingo 7 de mayo, PR ganó ampliamente las elecciones. A nivel nacional ocupa el primer lugar con más del 35% de los votos y, gracias al sistema electoral por circunscripciones, ocupará 23 de los 51 escaños del Consejo Constitucional. Un número insuficiente para poder decidir en solitario, ya que se requiere una mayoría de tres quintos –es decir, 31 votos– para aceptar o rechazar los artículos propuestos por la comisión de expertos, pero suficiente para poder bloquear una reforma por parte de las fuerzas armadas. Al final del actual gobierno son 16 electos en total y la Derecha tradicional 11 – un solo escaño asignado a los Pueblos Indígenas que tenían 17 de los 155 concejales en el Congreso anterior.

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