“El agua vale más que el litio”, “¡No a la reforma! », leemos el jueves 20 de julio sobre los carteles de las manifestaciones, en las que participaron varios miles de personas en la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino y en Buenos Aires. Esa noche la región conmemoró el “Noche de Apagon”“la noche del apagón”: los apagones ordenados en 1976 por la entonces junta militar en el poder para llevar a cabo el secuestro, detención o asesinato de 400 personas en la provincia, 33 de las cuales continúan desaparecidas.
Esta vez con los tradicionales gestos conmemorativos, organizados con motivo del 47mi Con motivo del aniversario de aquella noche de terror, se han añadido nuevas exigencias. Las comunidades indígenas de la provincia protestan por una reforma a la constitución local, que dicen ha sido llevada a cabo a paso acelerado por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. Los cambios, adoptados en tres semanas, a diferencia del debate de tres meses planeado originalmente, generan temores entre las comunidades indígenas de que están menos protegidas del avance de la minería de litio en la región.
A mediados de junio, cientos de personas descendieron de la puna Argentina, el altiplano andino, hacia San Salvador de Jujuy, la capital provincial, para protestar contra esta reforma. El día de su aprobación, 20 de junio, las manifestaciones organizadas frente a la Asamblea Constituyente habían sido brutalmente reprimidas, con 96 heridos, según las autoridades locales.
“Este proceso constituyente se hizo ‘expresamente’, con muy poca consulta a las comunidades indígenas, explica Pablo Gargiulo, abogado y miembro de Andhes, una asociación de abogados del norte de Argentina. Este es un tema delicado ya que Argentina se ha adherido a una serie de tratados y convenios internacionales que reconocen su derecho a ser informado de acciones que puedan afectar sus intereses. »
allanamientos y detenciones
Esta falta de consulta, que defiende el gobierno local, contradice no solo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que Argentina ha ratificado, sino también la constitución nacional, que prima sobre las constituciones provinciales.
El nuevo artículo 67, que ancla la prohibición de los recortes, ha sido especialmente criticado “Carreteras y caminos, así como cualquier otro impedimento a la libre circulación de las personas”. Con las carreteras a Chile y Bolivia bloqueadas, siendo esta la forma más común de acción directa de las comunidades indígenas, la introducción de esta nueva norma limita severamente su capacidad de manifestación y visibilización de sus demandas.
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