De hecho, estas habitaciones están clasificadas “Patrimonio Común de la Humanidad”, estaban previamente protegidas y las actividades relacionadas con los minerales que contienen estaban reguladas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM). Posteriormente, solo se emitieron permisos de exploración. Las aplicaciones mineras también son posibles desde el 9 de julio.
La culpa es de Nauru, una pequeña nación insular del Pacífico, que activó una cláusula en el verano de 2021 que decía que tendría una orden minera dentro de dos años. Transcurrido ese plazo, sin que se haya completado la redacción del código, y en ausencia de condiciones regulatorias claramente definidas, el Estado y su empresa patrocinada Nori (Nauru Ocean Resources), subsidiaria de la canadiense The Metals Company, reclaman el derecho explotar estos fondos marinos e iniciar la actividad minera en 2024.
Sin embargo, las consecuencias para los fondos marinos preocupan a ONG y científicos. Estos indican la destrucción directa de hábitats y especies que aún pueden ser desconocidos pero que pueden ser vitales para los ecosistemas, el riesgo de afectar la capacidad del océano para absorber el carbono emitido por las actividades humanas, o el ruido, que afecta la comunicación entre ciertos animales como las ballenas. “Necesitamos océanos saludables para un clima habitable en la tierra”recuerda Greenpeace en una petición al respecto.
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