Tribuna. El 4 de julio, Elisa Loncón es elegida Presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile. Saluda a la asamblea en mapudungun, la lengua de los mapuche, que luchan desde hace años por su autonomía política. Siempre que Elisa Loncon inicia una conversación o discurso público, primero habla en mapudungun antes de continuar en español.

Hablar un idioma que solo una pequeña fracción de la población entiende tiene un efecto político inmediato: solo cuando no entiendes un idioma empiezas a escucharlo. Lo que escuchas desde afuera, porque no lo entiendes, inevitablemente te golpea desde adentro, porque lo que resuena es un lenguaje excluido que te está retenido. Esto tiene entonces un efecto político a largo plazo, porque estar privado del lenguaje es estar privado de las condiciones necesarias para ser un sujeto, un sujeto que puede defender una historia, por sí mismo, y así constituir un sujeto legal.

Estas palabras, estos saludos, estos agradecimientos que Elisa Loncon viene diciendo desde hace años en mapudungun, en la tele y en la radio terminaron así. Hoy -y desde el día de su elección- ya no se habla sólo de la inclusión de un cierto número de escaños para los pueblos originarios en la Asamblea Constituyente, se habla también del plurilingüismo de las numerosas poblaciones que forman parte de Chile; también y sobre todo hablamos de la lengua como un derecho fundamental.

Entonces no estamos en una perspectiva inclusiva, sino en una perspectiva refundadora. Hablando varios idiomas, Elisa Loncon no solo busca el reconocimiento de los pueblos indígenas en el idioma que hasta ahora ha ignorado; nos recuerda que el lenguaje nos hace sujetos y que podemos adquirir y establecer derechos.

Ataque al pilar del sistema político

La propuesta para cambiar la constitución en Chile fue aprobada en noviembre de 2019, un mes después del inicio del movimiento social que estalló en Santiago. El “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, como fue bautizado, fue firmado por varios partidos y movimientos políticos que no pudieron responder al movimiento social. Así que esta propuesta fue una respuesta a un movimiento que atacaba el sistema político en su conjunto y, por implicación, su pilar, la constitución. El lema de octubre de 2019 fue: “No son treinta pesos, son treinta años” sugiriendo que la causa del estallido social no fue el aumento de los precios del transporte público, sino los treinta años de transición democrática tras la dictadura de Pinochet (1973-1990).

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