La resolución, basada en un texto similar adoptado por el Consejo de Derechos Humanos el año pasado, pide a los Estados, organizaciones internacionales y empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente saludable para todos.
De los 169 países miembros presentes y participantes en la reunión, 161 votaron a favor y 8 se abstuvieron: China, la Federación de Rusia, Bielorrusia, Camboya, Etiopía, Irán, Kirguistán y Siria.
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio GuterresAcogió con satisfacción esta decisión “histórica”. En su opinión, este importante avance demuestra que los Estados miembros pueden unirse en la lucha común contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
“La resolución ayudará a reducir las injusticias ambientales, cerrar las brechas de protección y empoderar a las personas, especialmente a las personas en situaciones vulnerables, incluidos los defensores de los derechos humanos, los defensores del medio ambiente, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas”, dijo en un comunicado difundido por la oficina de su portavoz. .
Guterres añadió que la decisión también ayudaría a los Estados a acelerar la implementación de sus obligaciones y compromisos ambientales y de derechos humanos.
“La comunidad internacional ha reconocido universalmente este derecho y nos ha acercado a la realización de este derecho para todos”, afirmó.
Sin embargo, el jefe de la ONU subrayó que la adopción de la resolución era “sólo el comienzo” y llamó a las naciones a hacer de este derecho recién reconocido “una realidad para todos, en todas partes”.
Hay una necesidad urgente de actuar
En un comunicado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también acogió con satisfacción la decisión de la Asamblea y reiteró el llamado del Secretario General a tomar medidas urgentes para implementarla.
“Hoy asistimos a un momento histórico, pero no basta con hacer valer nuestro derecho a un medio ambiente sano. La resolución de la Asamblea General es muy clara: los Estados deben cumplir sus obligaciones internacionales e intensificar sus esfuerzos para cumplirlas. Todos enfrentaremos impactos mucho peores de las crisis ambientales si no trabajamos juntos para prevenirlas ahora”, afirmó.
La señora Bachelet explicó que las medidas ambientales basadas en obligaciones de derechos humanos constituyen salvaguardias esenciales para las políticas económicas y los modelos de negocios.
“Enfatiza la base de las obligaciones legales de actuar y no la mera política discrecional. También es más eficaz, legítimo y sostenible”, añadió.
Una solución para todo el planeta
El texto, presentado originalmente el pasado mes de junio por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza y ahora apoyado por más de 100 países, afirma que el derecho a un medio ambiente sano está vinculado al derecho internacional vigente, y reitera que requiere la plena implementación de acuerdos ambientales multilaterales.
También reconoce que los efectos del cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la mala gestión de los productos químicos y los desechos y la consiguiente pérdida de biodiversidad afectan el ejercicio de este derecho, y que los daños ambientales han efectos negativos directos e indirectos sobre el disfrute real de todos los derechos humanos.
Según David Boyd, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, la decisión de la Asamblea cambiará fundamentalmente la naturaleza del derecho internacional de los derechos humanos.
“Durante décadas, los gobiernos han prometido limpiar el medio ambiente y abordar la emergencia climática, pero el derecho a un medio ambiente saludable está cambiando la perspectiva de la gente de ‘mendigar’ a exigir acción de los gobiernos”, dijo recientemente a Noticias ONU.
Una victoria que duró cinco décadas
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo en 1972, que finalizó con una declaración histórica, fue la primera en llevar las cuestiones ambientales al primer plano de las preocupaciones internacionales. Marcó el comienzo de un diálogo entre países desarrollados y en desarrollo sobre la conexión entre el crecimiento económico, la contaminación del aire, el agua y el mar y el bienestar de las personas en todo el mundo.
En ese momento, los Estados miembros de la ONU declararon que las personas tienen el derecho fundamental a “un entorno de calidad que les permita una vida digna y bienestar” y pidieron acciones concretas y el reconocimiento de este derecho.
En octubre pasado, después de décadas de trabajo por parte de países en primera línea del cambio climático, como Maldivas, así como de más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil, el Consejo de Derechos Humanos finalmente reconoció este derecho y pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que hiciera lo mismo.
“Desde la Declaración de Estocolmo de 1972, este derecho ha sido consagrado en constituciones, leyes nacionales y acuerdos regionales. “La decisión de hoy eleva la ley al lugar que le corresponde: el reconocimiento universal”, dijo la jefa del Departamento de Medio Ambiente de la ONU, Inger Andersen, en un comunicado de prensa emitido el jueves.
El reconocimiento del derecho a un medio ambiente saludable por parte de estos organismos de la ONU debería servir como catalizador para la acción y permitir a los ciudadanos exigir responsabilidades a sus gobiernos, aunque no es legalmente vinculante, lo que significa que los países no están legalmente obligados a hacerlo.
“El reconocimiento de este derecho es, por tanto, una victoria que debemos celebrar. Agradezco a los Estados miembros y a las miles de organizaciones de la sociedad civil y a los pueblos indígenas, así como a las decenas de miles de jóvenes que han luchado incansablemente por este derecho. Pero ahora debemos aprovechar esta victoria e implementar este derecho”, añadió la señora Andersen.
Una triple respuesta a tres crisis
Como mencionó el Secretario General de las Naciones Unidas, la ley recientemente reconocida será crucial para abordar la triple crisis planetaria.
Estas son las tres principales amenazas ambientales interconectadas que enfrenta actualmente la humanidad: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, todas mencionadas en el texto de la resolución.
Cada una de estas crisis tiene sus propias causas y efectos que deben resolverse si queremos tener un futuro viable en la Tierra.
Las consecuencias del cambio climático son cada vez más claras: creciente intensidad y gravedad de las sequías, escasez de agua, incendios forestales, aumento del nivel del mar, inundaciones, derretimiento del hielo polar, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad.
Al mismo tiempo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación del aire es la principal causa de enfermedad y muerte prematura en todo el mundo. Cada año, más de siete millones de personas mueren prematuramente como consecuencia de la contaminación del aire.
Finalmente, la disminución o desaparición de la biodiversidad –que incluye animales, plantas y ecosistemas– impacta el suministro de alimentos, el acceso al agua potable y la vida tal como la conocemos.
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